¿Suficientes medidas para un final feliz?

Diecisiete desahucios al día, casi ciento veinte a la semana. Esta es la situación actual en la que se encuentra Galicia, en la que 3.000 gallegos perdieron su casa entre los meses de enero y junio. Si eres uno de los afectados, creer y confiar en que el sistema español va a solucionar este problema es impensable desde el momento en que se está incumpliendo uno de los artículos fundamentales de la Constitución Española: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (…)”. ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que hay que cambiar para que finalice este drama?

La problemática de los desahucios no surgió de un día para otro, es algo que lleva ahí mucho tiempo. Hasta que no se hizo eco en los medios de comunicación, la sociedad no llegó a interiorizar lo complicado y trágico de la situación. De ahí que ahora la presión social sea uno de los motores principales gracias a los que se están planteando nuevas medidas para afrontar de alguna manera este panorama. ¿Qué haces en cuanto te ves en esta situación? Muchas personas por miedo, inseguridad y, sobre todo, vergüenza al qué dirán permanecen calladas buscando algún tipo de solución. En ese contexto de indefensión, la figura de plataformas como Stop Desahucios (organización formada por activistas sociales que velan por los intereses de los afectados) son un apoyo, el problema es que muchos no llegan a ponerse en contacto con ellos perdiendo la oportunidad de ser ayudados y “solos contra el banco es casi imposible llegar a una solución porque es una maquinaria muy grande”, asegura Yago, uno de los integrantes de esta plataforma.

Su protocolo de acción es simple pero directo. En cuanto una familia acude a ellos, lo primero que hacen es acompañarlos al banco para intentar negociar las condiciones de su hipoteca. Si en el plazo de una semana no han respondido comienza la campaña de movilización en la calle y en los medios de comunicación hasta que se les escuche. No se dan por vencidos fácilmente y, desde la plataforma, apuestan por tres grandes propuestas: la primera de ellas es la paralización de desahucios que sean por causas económicas ajenas a esa familia; le sigue la dación en pago con carácter retroactivo para que, desde el momento en el que no puedas pagar tu casa, pase a manos del banco pero no tengas que seguir abonando el resto de la hipoteca; y por último apuestan por la creación de un pack de viviendas en alquiler social, que todos esos inmuebles que están en manos de las entidades bancarias y están vacías se les dé un uso. ¿Porqué cuesta tanto llevar a cabo algo que parece, a simple vista, muy fácil? El problema radica en que por mucho que algunos ayuntamientos gallegos estén comenzando a tomar medidas a favor de los afectados, la única solución está en el Congreso de los Diputados, con la reforma de la Ley Hipotecaria.

El descontento de la sociedad con este tema es más que palpable. Muchos se plantean, con razón, lo siguiente: si una empresa privada invierte mal, se va a pique. ¿Por qué no pasa lo mismo con las entidades bancarias, si se supone que hasta ahora siempre fueron privadas? ¿Acaso ellas tienen privilegios cuando se ven en apuros? La clave es “entender y aceptar la fuerza del usuario”, asegura Nuria, miembro del Foro Antiusura que se encarga de intentar frenar las malas prácticas y abusos de los bancos. En su caso no proponen medidas, simplemente ayudan a las personas afectadas a intentar recuperar su dinero, pero están de acuerdo con Stop desahucios en que “el alquiler social es una buena solución”. El aumento de la demanda de los servicios del Foro es un claro síntoma del mal camino que está tomando este problema. Son críticos con el proyecto para la modificación de la ley hipotecaria del 15 de noviembre de este año, asegurando que “se trata de populismo puro y duro, ya que sólo 120.000 familias se beneficiarán de la normativa, dejando a muchas otras en el mismo lugar en donde están”.

El mayor problema no es si el nuevo proyecto de Ley Hipotecaria es el mejor o no, sino que estamos en una situación en la que tanto en el marco jurídico español, como en varios tratados internacionales que habían sido corroborados por España, se están incumpliendo artículos de vital importancia. Se está vulnerando, en primer lugar, la propia Constitución Española (Art. 47. :“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (…)”), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25.1: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;…”) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales (el Estado está obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Y que en caso de no evitarlos, debe velar para que se cumplan todas las garantías procesales y un realojo digno y adecuado para las familias).

En el momento en el que se vulneran artículos y derechos tan básicos, ¿qué papel tienen los políticos en esta sociedad en cuanto a este y otros temas importantes? Resulta curioso que se tengan que llevar a cabo 350.000 ejecuciones hipotecarias,  para que los grandes partidos se decidan a hacer algo con el drama de los desahucios. En el caso de Galicia, algunos ayuntamientos como Vigo y Ares han tomado medidas por su cuenta para evitar situaciones de este tipo. Han decidido que, en el momento en que una entidad bancaria en la que tienen depositado dinero lleve a cabo un desahucio, retirarán el dinero que allí tienen. Julio Iglesias, alcalde de Ares, lo tiene más que claro: “esta es una situación muy injusta. ¿Se puede salvar con dinero público a las entidades financieras pero a los ciudadanos no? “.

La dación en pago de la que tanto estamos escuchando hablar, de primeras en España, no tenía carácter retroactivo, sino que en cuanto alguien dejase de abonar la cuota que le correspondía, perdía la vivienda pero, además, tenía que seguir pagando. ¿No es suficiente con haberte gastado millones en algo que finalmente no es tuyo, sino que además vas a tener que seguir pagándolo? Algo falla, claro está.

“No se puede tener lo que no se puede pagar, pero tampoco se puede pagar algo que ya no tienes” así de tajante se muestra el alcalde. Tiene claro que la mejor medida a largo plazo es la reforma de la Ley Hipotecaria y, en cuanto a la dación en pago, cree que introduciría justicia en el sistema, ya que es tremendamente injusto que se te obligue a seguir pagando por lo que ya no tienes. Está dispuesto a no sólo retirar los fondos de las entidades bancarias sino que, si se da el caso, se pondrá con sus vecinos delante de la casa que pretendan desahuciar.

¿Y esta medida será efectiva? ¿Es realmente perjudicial para un banco que se le retire ese dinero? ¿O simplemente son medidas populistas? Emilio Mesías, del Bloque Nacionalista Galego de Ares, asegura que todas las medidas son bienvenidas. En el caso de Ares, una localidad pequeña, retirar el dinero de los bancos produciría “un trastorno importante” en su contabilidad diaria, porque es un tema local, y que “si se tratase a nivel estatal ni se notaría. El problema es que al sacarlos de un banco tienes que meterlos en otro que probablemente desahucie en el pueblo vecino. Ahí es cuando nos preguntamos: ¿son todas las entidades bancarias iguales?”. Lo que propicia una situación errónea que no lleva a ningún lado. Por otra parte surge otro pequeño inconveniente, y es que muchos ayuntamientos están en deuda con los bancos donde tienen el dinero ingresado. ¿Cómo vas a sacar el dinero de allí? Hay que avanzar despacio y con pasos firmes para demostrar que no es oportunismo político.

José Luis Barreiro Rivas, profesor y coordinador de la materia Sistema político español en la Universidad de Santiago de Compostela, cree que la intención del alcalde es “demagogia pura y caradura ya que un alcalde no puede presumir de no cumplir la ley. Ni los alcaldes ni el Gobierno pueden tomar medidas, sólo los jueces”.

El eterno debate es: ¿de quién es la culpa de llegar a esta situación? ¿Del Estado como ente regulador, de las entidades bancarias por no mirar bien a quién se lo daban o de las personas por aquellos cálculos imprudentes en su momento? En el período de máximo apogeo de la burbuja inmobiliaria se avisó de que la situación no se iba a sostener, el problema estaba advertido: la burbuja inmobiliaria iba a estallar. No era necesario ser demasiado inteligente para saber que España estaba en el epicentro, ya que la burbuja española del ladrillo era de las más visibles del mundo: su precio se había multiplicado por tres en diez años y las viviendas construidas se cuadriplicaban (se construyeron más viviendas que en Alemania, Italia y Francia juntas). “En el momento en el que el objetivo principal de los bancos pasó a ser firmar cuantas más hipotecas, mejor, sin preocuparse de si el cliente tenía posibilidades reales de devolverla, fue cuando perdieron la cabeza. Pero no sólo la banca, sino también quienes lo pedían”, afirma Manuel Prado, director de la sucursal de La Caixa en Cambados.

Está claro que es un problema bien complejo, por eso no se llega a una única medida o propuesta que sea efectiva al 100%, sino que todas tienen su lado positivo y negativo. En cuanto a la dación en pago, debe estudiarse caso por caso y comprobar que efectivamente el afectado no puede pagar de ninguna manera su hipoteca, quedando así la deuda saldada al entregar el inmueble. ¿Qué pasa con esta medida? El problema no son las pérdidas por devaluación de activos inmobiliarios, sino lo que dejan de ganar al concederse viviendas a precios de saldo.

Si hablamos de moratorias, Yago de Stop Desahucios lo tiene claro: “son trampas mortales. No pagas, lo único que haces es ir acumulando deuda que probablemente en dos años, cuando la situación esté prácticamente igual de mal no podrás llegar a pagar”.

“Las medidas de presión son efectivas si realmente se llega a conseguir algo a largo plazo. Si por ejemplo al banco le da igual perder cierta cantidad de dinero si retiras tus cuentas de allí, la amenaza no sirvió de nada. Está claro que este tipo de medidas siempre son bienvenidas antes que quedarse de brazos cruzados”, asegura Yago.

En la mayoría de los casos se coincide en que la solución es cambiar la Ley Hipotecaria vigente porque es injusto entregar dinero público a los bancos para salvar un sistema con el que no se está de acuerdo. Y es que no es el Gobierno el que tiene capacidad de decisión, en el fondo, quien manda son los bancos, sino no se permitiría esta situación.

Cualquier medida y propuesta es poco, unas se adaptan a unos casos concretos y otras a unos diferentes, pero nunca es suficiente. Sigue existiendo un alto número de personas que están pendientes de si su vida cambiará por completo por ser desahuciado y sentir una gran impotencia porque si no cambia la cosa, en la mayoría de los casos, no tendrán un final feliz. Está claro que esto está creando conciencia crítica en la sociedad y todos nos estamos dando cuenta del fatídico error que cometimos al pensar que una situación de bonanza duraría una eternidad, aun incluso cuando nos estaban diciendo que la burbuja inmobiliaria iba a estallar. Dicen que de los errores se aprende, ¿no?, el problema es que hay muchas familias por las que ya no se puede hacer nada, porque parece que no reaccionamos hasta que sucede algo realmente grave.

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